Redación contractual y litigación.

Con frecuencia, sí. Un contrato puede existir sin documento firmado si se prueba el acuerdo y su contenido: presupuestos aceptados, correos, pedidos, albaranes, facturas conformadas, pagos parciales o la propia ejecución de los trabajos. Lo determinante no es la firma, sino la prueba de qué se acordó.

Depende de la acción. Las acciones personales derivadas de contrato tienen, con carácter general, un plazo de cinco años, pero existen plazos especiales mucho más cortos (por ejemplo, en materia de defectos o vicios) y también reglas propias en construcción. Conviene revisar el plazo antes que cualquier otra cosa, un requerimiento a tiempo puede interrumpirlo.

En la mayoría de asuntos civiles y mercantiles es necesario acreditar un intento previo de solución del conflicto para poder presentar la demanda. No es un mero trámite: la forma en que se plantea esa negociación condiciona la posición posterior y puede tener efectos en materia de costas.

En muchos asuntos, sí. Deja constancia del contenido y de la fecha, sitúa a la otra parte en mora, puede interrumpir la prescripción y ordena la reclamación. En otros casos (cuando hay riesgo de vaciamiento patrimonial o de destrucción de prueba) puede ser preferible no anunciar el movimiento. Es una decisión de estrategia.

Solo si concurre una causa suficiente y se comunica correctamente. Es uno de los errores más caros que vemos: resolver por un incumplimiento que no era esencial, sin preaviso o sin la forma pactada convierte a quien resuelve en la parte incumplidora, con la consiguiente reclamación de daños en su contra.

Sí, y en asuntos contractuales suelen ser decisivos. Conviene conservarlos íntegros, sin editar y con los metadatos disponibles, porque si se impugna su autenticidad puede ser necesario acreditarla por otros medios. Las capturas sueltas y descontextualizadas son el formato más débil.

En primer lugar, los pactados en el contrato. A falta de pacto se aplican los intereses previstos legalmente y, en operaciones comerciales entre empresas o con la Administración, la normativa de lucha contra la morosidad prevé un interés específico y una indemnización por costes de cobro. Calcularlos bien puede incrementar sensiblemente la reclamación.

No necesariamente. La cláusula penal es válida y suele sustituir a la indemnización de daños, pero cabe discutir su alcance y, en determinados supuestos de cumplimiento parcial o irregular, los tribunales pueden moderarla. También puede reclamarse su nulidad cuando resulta claramente desproporcionada o fue impuesta sin negociación.

Depende de cómo estén configuradas y de por qué se frustró la compraventa. No es lo mismo un desistimiento voluntario que una financiación denegada, unas cargas no declaradas o un retraso imputable a la otra parte. La redacción del documento de arras es, en la práctica, lo que decide quién se queda con el dinero.

Sí, y es la intervención más rentable. La revisión previa detecta obligaciones desequilibradas, riesgos económicos ocultos, penalizaciones, garantías insuficientes, plazos confusos y salidas mal diseñadas. Entregamos el contrato revisado con los cambios propuestos y una explicación clara de qué implica cada uno.

La condena en costas es posible, pero ni es automática ni cubre necesariamente todo el gasto: influyen el resultado, la existencia de dudas de hecho o de derecho y los criterios de tasación. Por eso, antes de demandar, valoramos siempre coste, plazo y probabilidad de cobro efectivo.